HABIA UNA VEZ...
Por Everardo Hernández Medrano.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados afirmó que está dispuesto a asumir el costo político de aprobar la Ley de Seguridad Nacional que, a propuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional, concede al Presidente de la República la atribución de sofocar con el Ejército movimientos sociales, políticos, laborales y electorales, y decretar el estado de excepción en entidades o regiones del país y encerrar en oscuros calabozos sin internet a columnistas incómodos… (gulp)
Junto con Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) confirmó que desde la Junta de Coordinación Política “gestiona” con las comisiones de Defensa, Seguridad Pública, Justicia, Derechos Humanos y Gobernación para que sólo una o dos de ellas voten el dictamen y el resto se allanen, para tratar de que se vote esta misma semana”…
En conferencia de prensa, Alfonso Navarrete Prida (PRI) dijo que su grupo parlamentario está dispuesto a asumir los costos políticos de votar una reforma que, facilita al Ejecutivo el uso de tropas cuando considere que está en riesgo la seguridad interior. Incluso, el priísta acotó que si en los operativos se cometen abusos contra la población civil, ello será responsabilidad de la autoridad que los aplique y no resultado de una ley…
Al concluir ayer la segunda reunión para evaluar la propuesta de Navarrete Prida que modifica sustancialmente la minuta del Senado, diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) informaron que se solicitó modificar el artículo 74, fracción VII, párrafo segundo del proyecto de dictamen, porque como está planteado abre la puerta para que las fuerzas armadas actúen contra protestas civiles…
Ese párrafo advierte: “No procederá la declaratoria de afectación a la seguridad interior cuando la solicitud tenga su origen o causa para dar cumplimiento a requerimientos o resoluciones emitidas por autoridades administrativas o del trabajo; tampoco procederá por acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social, excepto cuando las acciones derivadas de los mismos constituyan un desafío o amenaza en los términos del artículo 3 de esta ley”…
En contraste, el presidente de la Comisión de la Función Pública y secretario de la de Defensa, Pablo Escudero (PVEM), resaltó que en las observaciones al texto de Navarrete se insistió en dejar muy claro que las fuerzas armadas no pueden acometer movilizaciones civiles…
“Además, debe definirse con precisión que en la declaratoria de afectación a la seguridad interior no pueden suspenderse las garantías individuales”, declaró…
Teresa Incháustegui (PRD), secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, afirmó que si PRI y PAN pretenden que el dictamen se vote sólo por una comisión, primero deben reunirse las mesas directivas de las cinco que tienen la minuta. “De otra manera, la Junta de Coordinación no tiene capacidad de excluir a tres o cuatro de las comisiones, a menos que quiera pasar por encima del reglamento”, dijo…
Expresó que aun cuando las bancadas priísta y panista argumentaron ayer que existen candados en la propuesta para evitar la violación de derechos humanos, es evidente “que quieren criminalizar los movimientos sociales; además, no hay garantía de respeto a las garantías individuales, y los derechos quedan sujetos al protocolo de la declaratoria” de riesgo a la seguridad interior…
Incháustegui aseguró que sería un despropósito que, aun con el riesgo que esas disposiciones representan, PRI y PAN aplicaran una mayoría mecánica para aprobar el dictamen…
Por su parte, Jaime Cárdenas Gracia (PT) consideró que el documento contiene al menos cuatro deficiencias constitucionales. Primera, el Consejo de Seguridad Nacional, que también tomará decisiones en torno a la declaratoria de estado de excepción, no está sujeto a revisión, y sus acuerdos no podrían combatirse con una controversia constitucional…
Segunda, la exposición de motivos incluye una definición muy libre sobre el estatus de guerra y de paz, al suponer que existe “una etapa intermedia”, con la que justifica la intervención militar…
Tercera: la posibilidad de intervención del Ejecutivo federal con operativos del Ejército y la Marina sin consultar a los gobernadores, a los congresos de los estados y a las presidencias municipales…
Y cuarta, la aplicación de detenciones, interrogatorios a civiles, allanamientos, retenes e investigación y persecución de delitos, que son atribuciones exclusivas del Ministerio Público…
El ex consejero electoral aseguró que, en suma, como está planteado el proyecto de dictamen “concede un poder inmenso al Ejecutivo y al Consejo de Seguridad Nacional, y constituiría un golpe de Estado, porque además el presidente de la República puede ordenar la intervención militar en situaciones urgentes, sin el permiso del Congreso”…
Esta ley es el fracaso de la estrategia de guerra del Presidente Calderón, donde obviamente el costo de ese fracaso se les endilga a los ciudadanos privándolos de sus derechos y libertades esenciales, para supuestamente proporcionarles la seguridad que de manera democrática no ha podido en cuatro años y medio…
PERO VAYAMOS A LOS ORÍGENES…
Desde el 19 de octubre del 2009, el Secretario de la Defensa general Guillermo Galván admitió ante funcionarios de la Embajada Americana en la ciudad de México que la estrategia para combatir a las organizaciones criminales era un fracaso y deslizó la posibilidad de invocar el artículo 29 de la Constitución para declarar el estado de excepción en algunas zonas del país para dar a los militares un argumento jurídico más sólido en su lucha contra el narcotráfico…
De acuerdo a un cable de la Embajada al Departamento de Estado y revelado por WikiLeaks…
En ese tiempo, cita el cable que “Nuestro análisis es que la invocación de un estado de excepción, puede no ser la mejor opción debido a que los costos políticos parecen muy altos, aunque una declaratoria de un estado de excepción no puede ser descartada en un futuro, debido a que para el gobierno de México parece difícil que resuelva su problema de ineficacia”…
Ante el Director nacional de Inteligencia Dennis Blair, el general Galván lamentó la falta de una base jurídica para la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico, debido a que carecen de la adecuada autoridad y un mayor alcance para operar en algunas zonas afectadas por la inseguridad y la violencia…
No obstante, los diplomáticos autores del cable, señalan que el articulo 29 de la Constitución “es vago y carece de muchos aspectos para su implementación en el terreno de los hechos lo que dejaría esos vacíos a la interpretación del Presidente de la República sin tener que consultar con el Congreso o con nadie…
Consultado el entonces Secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont consideró que la invocación al articulo 29 como muy controvertido y restó importancia a su inmediata necesidad y advirtió que el costo político de invocar el estado de excepción en lugares como Ciudad Juárez, atraería un mayor escrutinio público y de las comunidades de derechos humanos local e internacional. “Y por otra parte, un rechazo del Congreso, se vería como un fracaso de la estrategia de Calderón contra el narcotráfico”…
Los diplomáticos estadounidenses agregan un comentario en el cable donde señalan que los posibles beneficios que obtendrían de invocar el articulo 29, sería socavado por los altos costos políticos de ese enfoque y con un limitado capital político, mientras que aumentar los niveles de eficacia y eficiencia en el combate, podría ser muy redituable, aunque eso parece muy improbable en el corto plazo. Bueno, pero ahora estamos en el 2011 y mucha agua ha pasado por abajo del puente…
Ahora veamos cual puede ser la motivación de los legisladores del PAN, PRD, PVEM, PT Y PRI para aprobar la nueva Ley de Seguridad Nacional en estos momentos y que le daría al ejército carta blanca para operar “por fuerita” de la Constitución…
¿Apoyar al Presidente en su fracasada lucha contra el narcotráfico? Noooooooouuuuu. No creo que ningún legislador estaría pensando en eso y si en cambio, estaría pensando en los altos costos políticos como señala el cable de la embajada americana. Por lo menos se ve una oscura intención de parte del PAN y del PRI que son la mayoría en las Cámaras…
Esperemos que independiente de los costos políticos para el presidente, no se apruebe la citada ley porque entonces gobernadores y alcaldes de todo el país podrían dejar de serlo al invocarse el temido estado de excepción o de decepción…
Muchas gracias por sus comentarios y opiniones y si desea que esta columna le llegue directamente a su correo, escríbame a: ehernandezm03@hotmail.com.
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