Por Raúl
González.
El anuncio del gobierno de Puebla de que demandará a 19 periodistas por daño moral —este martes ya denunció a los dos primeros— está lejos de ser un hecho aislado o un escarmiento de la administración morenovallista para garantizar el ejercicio responsable de la libertad de expresión.
En realidad se trata de una nueva intentona gubernamental para silenciar a sus críticos, para acallar a los medios y periodistas que, a pesar del hostigamiento y los boicots publicitarios, han logrado sobrevivir y ejercen su derecho de informar y ser informados sin censura ni cortapisas.
Las demandas por daño civil que el vocero del gobernador Moreno Valle ya confirmó, se inscriben en un contexto que va más allá de una tirante y cada vez más descompuesta relación del Ejecutivo estatal y los medios de comunicación…Forman parte de una ofensiva gubernamental para controlar la vida pública, las instituciones gubernamentales, los organismos autónomos y todas aquellas organizaciones que son vistas, por el mandatario estatal, como un contrapeso u obstáculo para su proyecto presidencial del 2018.
De manera paralela al anuncio de las demandas contra 19 periodistas, el Congreso local —que por cierto está totalmente subordinado al gobernador Moreno Valle— nombró a los nueve consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) sin más criterio que el reparto de cuotas: dos para el PRI, dos para el PAN y cinco para el gobernador, incluido el presidente del máximo órgano electoral: Armando Guerrero Ramírez, quien hace apenas unos meses se desempeñaba como encargado de despacho del Instituto Poblano para la Productividad Competitiva.
La renovación del IEE se dio fast track, en lo oscurito, en sesiones cerradas y sin claridad sobre los criterios, evaluaciones o filtros que aplicó la Comisión Especial para proponer al pleno 36 nombres de una lista inicial de 123 candidatos postulados.
La priísta Zenorina González Ortega, quien presidió la Comisión Especial, todavía no alcanza a explicar cómo es que los nueve consejeros propietarios designados cumplen con los principios rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, a pesar de que es bien sabido que cinco de ellos han sido subordinados, operadores electorales o aliados políticos del hoy gobernador Moreno Valle.
El caso más representativo es Víctor Joaquín Cánovas Moreno, quien fue operador electoral de Moreno Valle en 2003 y 2004, cuando por primera vez buscó la gubernatura como precandidato del PRI y jefe de su ejército de movilizadores en 2010, cuando contendió como candidato aliancista del PAN, PRD y otros partidos.
Cánovas, iba a ser el presidente del IEE, pero algo que se atravesó de última hora lo marginó…Y a pesar de su berrinche, del que fueron testigos algunos diputados y consejeros, el nayarita tuvo que resignarse y rendir protesta para un periodo de siete años.
Otro organismo autónomo que el gobernador de Puebla está por controlar es la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CAIP), que actualmente preside Blanca Lilia Ibarra Cadena, quien ha sido víctimas de auditorías, recortes presupuestales y otras represalias en revancha por las resoluciones que ha votado en contra de la administración estatal que pretendía mantener en la opacidad, gastos, contratos y asignaciones de obra requeridos mediante solicitudes de información pública.
La selección del nuevo comisionado de la CAIP, que reemplazará a Samuel Rangel Rodríguez, se lleva a cabo en total opacidad y de espaldas a las organizaciones no gubernamentales especialistas en la materia, las asociaciones de profesionistas y las instituciones académicas involucradas en cuestiones de transparencia.
La intención es obvia: marginarlas del proceso para hacerse del control de la CAIP, organismo supuestamente garante de la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas públicas en el estado de Puebla.
Otros gremios que el gobierno morenovallista busca supeditar a través de reformas legales o constitucionales son el de los magistrados y notarios públicos…A los primeros trata de someterlos por medio del Consejo de la Judicatura y la sustitución de magistrados y jueces en edad de jubilación; y a los segundos valiéndose de auditorías, sanciones y candados jurídicos que permitan al Ejecutivo la revocación de esas patentes o influir sobre quiénes deben ser sus sucesores.
En este contexto de confrontación del Ejecutivo con diversos actores y organizaciones políticas y sociales de la entidad hay que inscribir las denuncias que, por daño moral, su vocero Sergio Ramírez Robles, interpondrá en contra de varios periodistas y medios de comunicación.
Lo que Moreno Valle pretende con estos procesos civiles no es poner límites al ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, ni evitar las supuestas burlas, ofensas e insultos de comentaristas y columnistas en contra de servidores públicos, sino controlar a la prensa por la vía del Poder Judicial después de que sus intentos de asfixia publicitaria y comercial no funcionaron.
Ojalá los jueces y magistrados no se presten a esta burda y legaloide maniobra.
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Simón dice:
“Cuando vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio,porque yo no era comunista.
Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio,porque yo no era socialdemócrata.
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté,porque yo no era sindicalista.
Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté,porque yo no era judío.
Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar.”
Martín Niemöller (1892-1984). Pastor luterano alemán
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