Por: Mercedes
Llamas / Sinembargo.mx
Las
investigaciones de defensores de derechos humanos así como las quejas por parte
de los ciudadanos indican que la tortura ha aumentado indiscriminadamente en el
último sexenio y que la lucha contra el narcotráfico ha permitido que la
violación de los derechos humanos sea una constante.
El
martes de esta semana, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos
Humanos presentó ante Naciones Unidas la “Situación de la Tortura en México”,
en donde se asegura que los actos de tortura en México se han incrementado en
un 500% durante los últimos años; de igual forma la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos ha recibido muchas más quejas que en los sexenios anteriores.
Lo
“normal” en un estado de derecho, donde existe un derecho positivo y donde los
delitos están tipificados en un código, es que si la tortura se encuentra
dentro de dichas tipificaciones, al verse aumentada en su comisión,
paralelamente debería de incrementarse las sentencias de dicho delito.
Ante
mi duda e investigando en los datos del INEGI, me doy cuenta de que la tortura
NO se castiga en México: únicamente en el periodo de 1997 a 2011 ha habido la
gran cantidad de 88 sentenciados con prisión por dicho delito en lo que compete
al fuero común, y en cuanto al fuero federal, en la base de datos antes
mencionada, ni siquiera figura la tortura, aún y cuando la legislación de dicho
fuero establece de 3 a 12 años de prisión como sanción.
Para
que el lector tenga una idea de la gravedad de lo anterior, me permito
compartirles las cifras de este sexenio: en 2006 hubo dos sentenciados del
fuero común por el delito de tortura; en 2007, cinco; en 2008, cuatro; en 2009,
tres; en 2010, seis y en 2011, diez.
Pero
qué tal se castiga la pobreza, con qué rudeza y severidad se priva de la
libertad a personas que por no contar con oportunidades laborales o simplemente
para poder dar de comer a sus hijos cometen un robo famélico, roban un litro de
leche o simplemente llevan a cabo hurtos menores de dos mil pesos.
A
ellos todo el peso de la ley; se les separa de sus familias, se les expone al
etiquetamiento y rechazo social, se les mezcla con delincuentes de todo tipo,
se les marca de por vida…
¿Por
qué no aplicar el mismo rigor de la ley a aquellos que torturan a los
ciudadanos? Esos que rebajan al ser humano a condiciones animales y que
ocasionan daños físicos y psicológicos a sus semejantes, que rebajan la
dignidad del ser humano a lo más deplorable.
La
respuesta es sencilla: en México la tortura NO se castiga porque se encuentra
al servicio del poder, porque la tortura para la autoridad constituye su medio
de investigación más eficaz y sobre todo porque suple todas las deficiencias
del sistema judicial de nuestro país.
¡¡¡VERGONZOSO!!!