*Este jueves en la
ciudad de Ginebra, Suiza, concluyó la sustentación del V y VI Informe
Consolidado de México sobre el cumplimiento de la Convención contra la Tortura
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ante el Comité de las
Naciones Unidas que vigila su observancia.
MÉXICO, D.F.- (Agencias).- Este jueves en la ciudad de
Ginebra, Suiza, concluyó la sustentación del V y VI Informe Consolidado de
México sobre el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ante el Comité de las Naciones Unidas
que vigila su observancia.
El experto chileno Claudio Grossman, presidente del comité, expresó a nombre de ese órgano su reconocimiento por la detallada información, la apertura y el diálogo que se tuvo con la delegación mexicana.
En un comunicado conjunto de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y Gobernación (Segob), así como de la Procuraduría General de la República (PGR), se señaló que durante dos días los 10 miembros de dicho comité plantearon diversas cuestiones al Estado mexicano relacionadas con la tipificación del delito de tortura a nivel nacional.
Además la aplicación y efectos del Protocolo de Estambul, los avances en la implementación de la reforma al sistema de justicia penal, la situación de los migrantes en el país, la aplicación de la figura del arraigo, la protección de los derechos humanos de las mujeres, así como los desafíos en el sistema penitenciario, entre otros.
El gobierno de México proporcionó información detallada al comité, en particular sobre los efectos para la prevención de la tortura que tendrá la transformación del sistema de justicia penal, en el que las declaraciones de los inculpados se rendirán directamente ante los jueces.
Igualmente detalló las resoluciones recientes de la Suprema Corte en materia de jurisdicción militar, el estado que guarda la iniciativa legislativa respectiva en el Congreso y la instrucción presidencial a las Fuerzas Armadas de declinación de competencia a favor de la jurisdicción civil de todos los casos relacionados con esta materia.
Se informó al comité que ha habido 231 declinaciones y sobre el estado actual de la legislación en materia de prevención y castigo a la tortura, incluyendo las reformas aprobadas recientemente por el Senado de la República.
También los acuerdos en la materia de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, así como avances legislativos en entidades federativas como Campeche y el Distrito Federal, estados que acompañaron a la delegación.
Asimismo se explicó en detalle la aceptación y esfuerzos de cumplimiento de las recomendaciones en materia de tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigidas a instituciones como las secretarías de la Defensa Nacional, de Seguridad Pública, de Marina y la propia Procuraduría General de la República.
Se subrayó que el efecto de dichas recomendaciones ha sido positivo para contar con mejores estructuras de capacitación y mejores herramientas prácticas para la prevención de la tortura.
La delegación de México subrayó su disposición de estudiar acuciosamente e implementar, en la medida de sus capacidades, las recomendaciones que le formule el comité como resultado de esta sustentación.
Se espera que la semana próxima el comité dé a conocer sus recomendaciones al gobierno de México.
México es parte de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes desde 1986.
En 2002 reconoció la competencia del Comité contra la Tortura para recibir comunicaciones individuales y, en 2005, ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención, que establece un mecanismo de visitas a los centros de detención.
De igual forma el Estado mexicano reiteró su compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos, y negó rotundamente que exista una política de Estado para la comisión del delito de tortura.
“Cualquier denuncia sobre la comisión del delito de tortura es y será investigada y en su caso sancionada por las autoridades de procuración de justicia”, señala el comunicado.
El experto chileno Claudio Grossman, presidente del comité, expresó a nombre de ese órgano su reconocimiento por la detallada información, la apertura y el diálogo que se tuvo con la delegación mexicana.
En un comunicado conjunto de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y Gobernación (Segob), así como de la Procuraduría General de la República (PGR), se señaló que durante dos días los 10 miembros de dicho comité plantearon diversas cuestiones al Estado mexicano relacionadas con la tipificación del delito de tortura a nivel nacional.
Además la aplicación y efectos del Protocolo de Estambul, los avances en la implementación de la reforma al sistema de justicia penal, la situación de los migrantes en el país, la aplicación de la figura del arraigo, la protección de los derechos humanos de las mujeres, así como los desafíos en el sistema penitenciario, entre otros.
El gobierno de México proporcionó información detallada al comité, en particular sobre los efectos para la prevención de la tortura que tendrá la transformación del sistema de justicia penal, en el que las declaraciones de los inculpados se rendirán directamente ante los jueces.
Igualmente detalló las resoluciones recientes de la Suprema Corte en materia de jurisdicción militar, el estado que guarda la iniciativa legislativa respectiva en el Congreso y la instrucción presidencial a las Fuerzas Armadas de declinación de competencia a favor de la jurisdicción civil de todos los casos relacionados con esta materia.
Se informó al comité que ha habido 231 declinaciones y sobre el estado actual de la legislación en materia de prevención y castigo a la tortura, incluyendo las reformas aprobadas recientemente por el Senado de la República.
También los acuerdos en la materia de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, así como avances legislativos en entidades federativas como Campeche y el Distrito Federal, estados que acompañaron a la delegación.
Asimismo se explicó en detalle la aceptación y esfuerzos de cumplimiento de las recomendaciones en materia de tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigidas a instituciones como las secretarías de la Defensa Nacional, de Seguridad Pública, de Marina y la propia Procuraduría General de la República.
Se subrayó que el efecto de dichas recomendaciones ha sido positivo para contar con mejores estructuras de capacitación y mejores herramientas prácticas para la prevención de la tortura.
La delegación de México subrayó su disposición de estudiar acuciosamente e implementar, en la medida de sus capacidades, las recomendaciones que le formule el comité como resultado de esta sustentación.
Se espera que la semana próxima el comité dé a conocer sus recomendaciones al gobierno de México.
México es parte de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes desde 1986.
En 2002 reconoció la competencia del Comité contra la Tortura para recibir comunicaciones individuales y, en 2005, ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención, que establece un mecanismo de visitas a los centros de detención.
De igual forma el Estado mexicano reiteró su compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos, y negó rotundamente que exista una política de Estado para la comisión del delito de tortura.
“Cualquier denuncia sobre la comisión del delito de tortura es y será investigada y en su caso sancionada por las autoridades de procuración de justicia”, señala el comunicado.
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