PROFR. JOSE LUIS CORONADO ALVARADO.
EL CAMINO LEGAL EN LA REFORMA EDUCATIVA…
Desde el momento mismo en
que el Presidente Peña fue presentando sus reformas “de gran calado”
(bautizadas así por el grado de agravio a amplios sectores de la sociedad
mexicana y esperemos a que el tiempo diga lo contrario, por presión misma de la
sociedad organizada) se avizoraba en el escenario lo que no fueron capaces de
hacer las administraciones azules, es decir el impulso de las reforma pagando
el costo político, aunque este a Juan Pueblo poco le importe y en ocasiones parezca que esta
condenado al fatalismo que da la conformidad y la apatía.
Sin embargo, la ruta legal
puede marcar la diferencia aunque por sí sola no baste, de ahí que el juicio de
garantías consagrado en la Constitución, con todo y que haya sido reformada
también esa Ley para allanar el camino del entreguismo de la riqueza nacional a
algunos dinerosos del país coludidos con las cúpulas partidistas, para seguir a
pie juntillas los dictados de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico.
Sin embargo con ello se
dieron ciertos equilibrios con miles de demandas de Amparo que por el lado del
Sector Educativo, movilizaron a miles de maestros y padres de familia, además de
organizaciones sociales que desde el periodo de marzo del año anterior han
tenido en jaque al autoritarismo educativo encabezado por Emilio Chuayffet.
De ahí que desde ese
recorrido legal, el Consejo de la Judicatura Federal haya designado
inicialmente a tres juzgados de Cholula, Puebla para conocer y resolver dichos
litigios, además de que se tuvieron que asignar otros de la misma ciudad, pues
también hubo amparos contra las tres leyes derivadas de la reforma
constitucional y lo habrá contra los lineamientos que emita tanto la SEP como
en Instituto Nacional de evaluación educativa.
Y la ruta sigue pendiente
toda vez que existen dos instancias internacionales más, tanto en Costa Rica
como en Washington en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de
que en el plano nacional, falta la “Armonización de las leyes estatales” lo que
ya provocó la interposición del Juicio de Amparo en el caso de la de Yucatán.
EL STATUS EN LA HORA ACTUAL…
Los jueces federales Leonel
López Gianopoulos, Carlos Soto Morales y Pedro Arroyo Soto, tres de los cinco
jueces designados por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para desahogar
las demandas de amparo que maestros de país presentaron para frenar los
alcances de la reforma educativa del Presidente Enrique Peña, enfrentan una
queja administrativa por presuntas irregularidades en su función
jurisdiccional.
Manuel Fuentes Muñiz,
abogado laboralista y representante de cientos de maestros del país, presentó
la queja administrativa contra los tres juzgadores, en la que alega supuestas
violaciones al procedimiento jurídico y a la Ley de Amparo de parte de los
impartidores de justicia, y en prejuicio sus representados.
Según el también Doctor en
Derecho, las determinación de estos tres jueces de acumular todas las demandas
individuales presentadas por los maestros en un expediente afecta las garantías
a un procedimiento jurídico adecuado, amén de que no está previsto en la Ley de
Amparo tomar este tipo de decisiones jurídicas.
Los jueces emitieron
acuerdos independientes en los que se declararon incapaces para resolver las
controversias de manera individual, debido a las múltiples peticiones de amparo
que han hecho valer cientos de miles de agraviados, además de que el 26 de
octubre pasado, el CJF informó que de todo el país recibieron hasta ese mes 4
mil 300 demandas de amparo contra las leyes secundarias de la reforma
educativa, suscritas tanto a titulo personal como colectivo y en total la
judicatura registró 203 mil quejosos de manera individual.
La abundancia de demandas de
amparo promovidas, ha provocado que después de tres meses de interpuestas,
cientos de escritos ni siquiera hayan podido ser admitidos a trámite por alguno
de los cinco jueces designados para resolver estas controversias y la decisión
de acumular los juicios en un solo expediente molestó al laboralista Fuentes
Muñiz, autor de buena parte de las demandas de amparo, quien el pasado lunes
presentó las quejas administrativas contra los juzgadores.
Resulta evidente que los
juzgadores, aparte de usar una figura jurídica que actualmente no se encuentra
prevista en la Ley de Amparo vigente, no se están sujetando al procedimiento
previsto para la tramitación de los juicios, extendiéndose notoriamente de sus
facultades, además de que falsean la información al afirmar que procede la
acumulación como única medida para resolver las miles de peticiones de amparo,
refirió Fuentes Muñiz en su escrito de queja presentada, solicitó a la
judicatura que inicie de inmediato una investigación, cite a los juzgadores, y en
su caso aplique una sanción administrativa ejemplar en contra de ellos.
POR LOS CAMINOS DE LA RESISTENCIA…
Al reunirse con el
subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, dirigentes de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aseguran que la
Secretaría de Gobernación se comprometió a reinstalar en sus puestos de trabajo
a alrededor de 550 docentes que fueron cesados durante la jornada de protestas
del año pasado, con lo cual logran grandes avances, y aun cuando hay diferentes
mecanismos dependiendo de las secciones, el acuerdo es el cese a cualquier acto
represivo, administrativo, jurídico, y se da la garantía de la instalación en
sus lugares de trabajo a la mayor brevedad posible en los estados de Jalisco,
Veracruz, Oaxaca, Puebla y Distrito Federal…¡Lo bueno es que desde la voz
oficial se dice que no hay represión, que a nadie se sataniza, que existe el
respeto a los derechos laborales y a los derechos humanos! ¿Será?...¡Quizá
cuestión de enfoque! ¡Claro que interesa el estado de derecho¡…¿Y cuando hay leyes
injustas?...¡Al tiempo las respuestas!...
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