Por David Zarate.
CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Al admitirse la demanda e iniciar el juicio de amparo 989/2012, el Poder Judicial Federal le negó la suspensión provisional en contra de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por el embargo de cuentas bancarias, a Ricardo Gamundi Rosas, ex presidente del Poder Legislativo Estatal y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo que dicha autoridad puede seguir adelante con el procedimiento administrativo.
El juez Ignacio Laveaga Zazueta, del Juzgado Segundo de Distrito, resolvió “Se integra por duplicado el incidente de suspensión, se señalan las nueve horas con veinte minutos del veintiuno de junio de dos mil doce, para que tenga verificativo la audiencia incidental, se niega la suspensión provisional”, es decir hasta mañana se decidirá si se le otorga o no la suspensión del acto, por lo pronto la autoridad federal puede continuar adelante.
Ricardo Gamundi Rosas, acudió el 15 de Junio, ante el Poder Judicial Federal en esta capital, para presentar demanda de amparo en contra del director general de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita a de la CNBV, por el embargo de cuentas bancarias, considerándolo violatorio de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se presume que al ex diputado, le embargaron las cuentas bancarias en base a una averiguación penal que se lleva a cabo, situación que él considera violatoria de las garantías constitucionales, por lo que decidió recurrir al juicio de amparo, solicitando la suspensión provisional del acto, lo cual fue negado por el Juzgado, debido a que dicha acción no le perjudica en nada su integridad personal, ante lo cual la CNBV puede seguir el desarrollo de sus atribuciones.
El Juzgado, resolvió “se admite demanda, cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá lugar a las once horas del veintiséis de julio de dos mil doce”, es decir el juicio de amparo inicia y hasta la fecha mencionada podría dictarse sentencia con base el infirme justificado que rindan las autoridades y las pruebas que presenta la defensa del ex gobernante legislativo.