Gobernador omiso
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Por Oscar Díaz Salazar
Todos y cada uno de los miembros de una sociedad organizada, de un país, tienen derechos y obligaciones. Al cumplimiento de estos derechos y obligaciones, se considera que tienen más compromiso de atenderlos, las autoridades, las personas que tienen responsabilidades de gobierno, ya sea por mandato popular o por ejercer un cargo administrativo o por designación.
Los gobernantes no deben omitir el cumplimiento de la ley, no deben abdicar de sus derechos, ni faltar a sus obligaciones. No se vale, por ejemplo, que los gobernantes se abstengan de formar un cuerpo policíaco, porque al individuo que tiene responsabilidades de gobierno, no es afecto a las tareas policíacas, y no desea verse involucrado en asuntos de esa naturaleza.
No se vale incumplir con las leyes de transparencia, porque el gobernante no desea que el ciudadano se entere de la forma como gasta los recursos públicos, ni la identidad de los individuos que integran la plantilla laboral de su administración, ni la selecta lista de proveedores y contratistas con los que hace negocios.
No está sujeto a discusión el cumplimiento de las leyes electorales que prohíben la difusión personalizada de los actos de gobierno… aunque en la realidad esto ha sido letra muerta en Tamaulipas.
Si la ley les mandata la entrega de apoyos a las madres solteras, como sucede en el Distrito Federal, el gobernante debe atender esa obligación, al margen de sus opiniones morales o religiosas, en relación a la concepción sin matrimonio.
Si la ley señala que la educación que imparte el estado debe ser laica, se debe cumplir con este precepto, aun cuando el gobernante sea muy apegado a la religión, a cualquiera de las religiones.
No se vale omitir el cumplimiento de la ley, ni es ético incurrir en trucos baratos para evadir la aplicación de la ley, como es la demora, la interpretación convenenciera de la ley y el burocratismo con sus clásicos pretextos de que faltó la copia azul, no se le turnó copia a fulanito y otras tonterías similares.
Se entiende que las leyes son perfectibles, y que para adecuar las normas jurídicas a nuestra realidad, existe el poder legislativo. Y si el gobernante piensa que la ley es arcaica, es obsoleta, es retrograda y obstaculiza su trabajo, lo correcto es que proponga la derogación o modificación de la ley, pero mientras esto ocurre, deberá sujetarse a lo que estipula la ley vigente.
Les recuerdo lo anterior, que lo sabe cualquier estudiante de secundaria, porque sucede que en el gobierno de Tamaulipas, a seis meses de iniciar la administración, parece que no han entendido esta lección.
En el gobierno de Egidio Torre Cantú han omitido el cumplimiento de la ley en al menos dos obligaciones que le señala la Constitución y otras normas jurídicas vigentes.
A seis meses de asumir el poder ejecutivo del Estado, Egidio Torre ha sido omiso en la designación del titular del Instituto de la Mujer y del Coordinador del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tamaulipas.
En el caso del COPLADET, ya sabemos que no cumplió con la tarea mas relevante de este órgano que en el pasado tuvo, lo mismo el carácter de simplemente normativo, con Yarrington, y ejecutivo con mucho manejo de recursos con Manuel Cavazos Lerma. El Copladet no formuló el Plan Estatal de Desarrollo.
En cuanto al Instituto de la Mujer, se sabe que el mandatario estatal tiene la intención de subcontratarle sus tareas al DIF. Que visión tan corta es limitar la atención a la mujer, al enfoque asistencial que le es propio DIF. Pero sin entrar en debate, y aceptando sin conceder que la transferencia de los programas del Instituto de la Mujer al DIF, sea una buena medida, lo que se debe hacer es la modificación (derogación) del decreto que crea el Instituto de la Mujer, y hacer los ajustes necesarios a la ley para que esta ocurrencia (hasta ahora solo es una ocurrencia) puede atenderse sin incurrir en una ilegalidad.
En resumen, les digo que mientras la ley no se modifique, el Gobernador Torre les está fallando a las mujeres, al ser omiso en la designación del funcionario del Instituto de la Mujer e incumpliendo la Ley de Planeación.
PD Apúntele otra tacha al funcionario consentido del gobierno estatal, al tal Morelitos Canseco, también conocido como el prófugo de San Lázaro.
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