Mario Vargas Suárez
¡MORDIDA, MORDIDA, MORDIDA"…
Antes de
desarrollar el tema central de esta columna, le comento que las votaciones para
director de la Facultad de Derecho Victoria, se efectuaron el día de ayer en el
mar de la tranquilidad...hasta el cierre de este espacio.
Algunos
profesores y estudiantes temían se radicalizaran las pasiones y no faltaron
quienes temieran se intentara un 'compló' a la jornada cívica electoral donde
apareció finalmente como único candidato el doctor en derecho Enrique Alfaro
Dávila.
Lamentablemente
las aspiraciones del doctor Rafael Torres Hinojosa fueron suspendidas cuando la
Comisión Electoral, del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho Victoria, le
comunicó la improcedencia a su solicitud de ser candidato por las
irregularidades encontradas en la documentación que presentó.
Hoy viernes,
los medios de comunicación locales, están publicando el triunfo indiscutible de
Alfaro Ávila como director de Derecho Victoria en virtud de haber obtenido la
votación requerida que marcan el Estatuto Orgánico de la Autónoma de
Tamaulipas.
El capítulo
que sigue en esta historia de 'democracia y legalidad' podría titularse “El
Amparo” que fue la figura jurídica que prometió interponer el ex presidente de
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Dr. Rafael Torres Hinojosa.
Para cerrar
este tema, le comento que de generarse la solicitud de Amparo del doctor Torres
Hinojosa, el Juez correspondiente será quien determine lo conducente. Mientras,
la comunidad universitaria ha decidido en sus dos terceras partes, que quiere
como director al doctor en derecho, Enrique Alfaro Dávila.
En otro orden
de ideas y saliendo de la UAT, le confieso que tenía preparado para usted un
tema menos escabroso, basado en la idea Foxiana del “Buen Fin”, pero llegó a mi
buzón un correo electrónico una nota sobre una irregularidad que deja muy en
mal, la organización de una institución educativa.
Se trata del
Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) "Ana María Balandrano" ubicado
en la colonia Magisterial de esta ciudad y que depende del departamento de
Educación Inicial de la Secretaría de Educación Pública.
La denuncia
púbica es sobre la negligencia profesional de un grupo de docentes que están al
"cuidado" de la sección de lactantes 3, que son los niños y niñas
cuyas edades están comprendidas entre los 9 y hasta 15 meses.
En esta
sección del CENDI "Ana María Balandrano", se atiende a bebés que
están aprendiendo a caminar, todavía usan panal y les tienen que dar de comer
la papilla, aunque también toman su biberón.
La mayoría de
los niños gatea y por ellos mismos ya se deslizan de un lugar a otro y ahí
radica el problema de la pequeña de apenas 11 meses, Rebeca Salazar Vargas,
porque ayer jueves fue la cuarta ocasión que sale del CENDI "Ana María Balandrano"
mordida por otra compañerita.
"Son
cuatro veces ya que a mi niña me la entregan con señales claras de mordidas y
golpes que las mismas maestras aceptan los propina otra alumna del grupo"
dijo la molesta mamá de la niña agredida.
"No es
justo que las maestras no hagan bien su trabajo" exclamó la enojada madre
de familia…"No censuro a la niña agresora...seguramente está reflejando su
personalidad, censuro la responsabilidad profesional de las docentes…"Dijo
la mamá de Rebeca.
"Son
tres maestras para 18, 20 niños, pero si no pueden con esa responsabilidad
laboral, que renuncien a ese grupo y les impongan otra comisión que puedan
desempeñar…Le están haciendo un daño físico -es lo que se ve- pero también hay
daño psicológico, puesto que a mi pequeña se le puede estar formando una
aversión, una hostilidad hacia la escuela…"dijo la madre de la niña
agredida.
Explica la
madre de familia que la vez anterior, la directora del plantel la recibió hasta
el tercer día de suscitados los hechos y el asunto "concluyó"
mandando llamar a una junta de padres de familia, para que ellos se
comprometieran a "tener mayor cuidado con los niños" La madre de la
niña agresora, se concretó a decir que eran cuestiones infantiles y normales a
esa edad".
Desde luego
que los padres de rebeca no piden la expulsión o sanción alguna para la menor
agresora, pero si exigen a las autoridades educativas seleccionar al personal
docente con la capacidad de atender, profesionalmente, a un grupo de escolares.
Comentario:
mario.vargas@starmedia.com
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